Blockchain por sus propiedades en cuanto a inmutabilidad, transparencia y autoverificación tiene aplicaciones potenciales en infinidad de ámbitos.

Así, por ejemplo, esta tecnología ha permitido desarrollar smart contracts autoejecutables para aplicar automáticamente acuerdos entre partes con plenas garantías para ambas, ya se trate de contratos entre empresas, de proveedores con sus clientes o de administraciones con cualquier organización, persona física o jurídica.

También, las cualidades referidas de Blockchain posibilitan certificar la trazabilidad de procesos, algo clave desde para la industria alimentaria hasta para todo lo relacionado con la logística de las cadenas de suministro.

Precisamente, las aplicaciones que brinda en cuanto a trazabilidad pueden traducirse en unos importantes beneficios medioambientales, sobre los que nos vamos a extender en este post, no sin antes abordar la otra cara de esta moneda representada por la minería de ciertas criptodivisas.

El coste medioambiental de minar Bitcoin

Blockchain se popularizó por ser la tecnología que soportaba los primeros criptoactivos emergentes como Bitcoin.

El problema, que abordamos en una publicación de hace un tiempo, radica en que su minería conlleva complicaciones derivadas del coste computacional y por consiguiente energético de generar nuevos bloques para poder alumbrarlas y de validar transacciones con ellas, de acuerdo al consenso PoW requerido (Proof of Work o 'prueba de trabajo'), lo que vimos que entre otros aspectos dificultaba un crecimiento exponencial de la operativa financiera con ellas.

Así, ya sea por el consumo eléctrico que realiza el hardware especializado en minería en las granjas de criptomonedas o el que puedan ceder otros usuarios, lo cierto es que este proceso resulta insostenible en términos medioambientales.

De ahí, que se estén implementando otros protocolos de consenso como el PoS (Proof of Stake), o 'prueba de participación', que elimina el trabajo de cómputo en los nodos para la validación de nuevos bloques y transacciones; a cambio de la participación aleatoria e incentivada de otros tenedores de criptomonedas, que ya no se trataría de mineros sino de 'forjadores'.

Una alternativa muy interesante, que al eliminar el hándicap de las consecuencias negativas medioambientales permite profundizar en las ventajas de las criptomonedas. Unos beneficios prácticos que más allá de la vertiente especulativa resultan bastante tangibles en ciertas zonas de África, en países donde hay monedas nacionales débiles e inestables, para cuyos ciudadanos las cripto pueden suponer una opción más fiable.

Con todo, cabría valorar también que el coste energético no es exclusivo de criptomonedas como Bitcoin, ya que por ejemplo las soluciones en la Nube requieren en último término de los servidores físicos de los data center que almacenen los datos, que no olvidemos crecerán exponencialmente con el Internet de las Cosas que vendrá al desplegarse completamente las redes 5G, con millones de dispositivos recopilando e intercambiando constantemente información.

La propia Inteligencia Artificial generativa también tiene un coste energético superlativo, ya que para correr precisa de una ingente cantidad de servidores condensados en grandes infraestructuras, que necesitan electricidad para funcionar pero también consumen importantes cantidades de agua para su refrigeración.

Además, en último término en el caso de Blockchain no se trataría de una tecnología contaminante de por sí, sino que una de sus aplicaciones, la creación de ciertas criptomonedas lo es, al menos por el momento.

A este respecto hay que valorar también que la tecnología ha evolucionado, de manera que si en una primera generación estaba más ligada a Bitcoin, en el Blockchain 2.0 ya surgieron las apps descentralizadas y los contratos inteligentes; y con la tercera generación actual se ha avanzado hacia la interoperabilidad, la escalabilidad y la sostenibilidad, con soluciones como el Proof of Stake para establecer consensos que no conlleven procesos de computo, con una importante huella de carbono asociada.

A ello se suma que, al margen de ese lado oscuro en vías de superación, ofrece otra cara muy luminosa a efectos medioambientales, debido a que su uso puede aportar varias ventajas muy significativas.

Trazabilidad de la sostenibilidad y transparencia medioambiental

La oportunidad que apuntábamos de establecer una trazabilidad completa en las cadenas de suministro, permite hacer un seguimiento de los productos desde su origen hasta su llegada al consumidor, para verificar así su sostenibilidad, con lo que vemos que Blockchain puede hacer una contribución decisiva a que los procesos agrícolas e industriales reduzcan su impacto ambiental.

De hecho, la tecnología ya está ayudando a productores de la Amazonía a poder acreditar la procedencia de su cacao de alta calidad mediante una cadena de suministro transparente. Y con carácter más general, para todo tipo de alimentos, hay ya redes basadas en Blockchain como IBM Food Trust, que conecta a todos los participantes en la cadena alimentaria, empezando por los agricultores hasta llegar a los consumidores.

Mientras que otras iniciativas como Plastic Bank buscan impulsar la recolección y tratamiento de plásticos en áreas vulnerables del planeta. Para ello, se incentiva a los recolectores con tokens digitales intercambiables por productos o servicios, mientras que a las empresas que adquieren los plásticos reciclados se les acredita su procedencia gracias a un sistema de trazabilidad verificable.

Auditoría energética

La creación de redes de datos distribuidos que resultan inalterables al estar protegidos por estructuras encriptadas también posibilita demostrar la procedencia limpia de la energía que se vende, activos renovables que quedarían así perfectamente trazados hasta llegar al comprador final.

Dado que estos datos no se pueden modificar ni alterar y se pueden consultar de manera transparente, al establecerse una cadena de trazabilidad, se evitan prácticas muy extendidas como el greenwashing, consistente en declarar una presunta sostenibilidad de un producto o servicio que no se corresponde con la realidad. De manera, que con Blockchain resulta mucho más fácil la realización de una certificación energética confiable y verificable.

Pero es que además, las propiedades descentralizadas de la tecnología de la cadena de bloques también abren la puerta a la existencia de nuevos mercados de energía renovable, para que los productores puedan vender directamente a los consumidores, lo que repercutiría en el abaratamiento de costes de suministro, al prescindirse de intermediarios, aunque todavía habría que demoler importantes barreras legislativas para ello.

Asimismo, Blockchain puede impulsar los mercados de CO2 actuales, en los que se compran y venden créditos de carbono, con la finalidad de que las compañías tengan la posibilidad de compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero con otras empresas o entidades que los reducen.

Aquí entrarían tanto los mercados de comercio de emisiones (ETS) regulados (por ejemplo el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea) como los mercados de compensaciones voluntarias. Los primeros ya mueven un volumen ingente, con cifras de comercio que se cuentan por miles de millones de toneladas de CO2 y una recaudación de 36.000 millones de euros a finales de 2021. Mientras que el segundo mercado es más embrionario, pero se puede desarrollar de manera exponencial con la tokenización de los créditos de emisión, que los convertiría en activos digitales para ser almacenados, negociados y transferidos en plataformas sustentadas en tecnología Blockchain.

Adicionalmente, la tecnología también serviría para poder emitir en ambos mercados certificados de carbono que tengan todas las garantías.

En definitiva, vemos que pese a la mala reputación inicial de Blockchain por la primera minería de criptomonedas, lo cierto es que se trata de una tecnología que en sus últimas fases de desarrollo brinda múltiples potencialidades en aplicaciones medioambientales muy valiosas.

Si bien, también hay que ser consciente de sus costes de implementación a escala masiva, así como de las importantes adaptaciones normativas que requeriría, que además en los múltiples mercados regulados a escala supranacional precisarían del consenso de múltiples países.

ALEJANDRO BETANCOURT